Tijuana, 24 de julio.- El jefe de la Policía Federal en Tijuana y el escolta de una funcionaria federal agredieron a reporteros que intentaron documentar y entrevistar a la directora general del secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Mireya Barboza Betancourt. El resultado fue un brazo y una mano lastimadas, además del bloqueo informativo.
Si el problema ya es serio, aún es más grave que tras la agresión de los servidores públicos empresarios y funcionarios se hayan sentido con el derecho de pedir a los directivos de algunos periódicos que dieran por muerto el tema y, en el caso de quienes ya habían publicado la información o difundido un vídeo que quedó como evidencia, eliminaran cualquier registro.
Si esto parece grave, existe una situación aún peor: hubo quienes obedecieron.
En México, un país considerado como los de mayor peligro para ejercer la profesión, no sólo los grupos criminales agreden a los reporteros. También lo hacen funcionarios o terceros, por órdenes de quienes ocupan un puesto dentro de los gobiernos. Pero el estado de vulnerabilidad es brutal cuando los periodistas no cuentan con un respaldo de sus empresas.
Un ejemplo fue el jueves pasado, cuando un grupo de reporteros de Tijuana se trasladaron a las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en la ciudad, donde se habrían reunido a puerta cerrada y sin informar a la prensa, empresarios y funcionarios de seguridad de los tres órdenes de gobierno, entre ellos Barboza Betancourt.
Después de esperar a que terminara el encuentro, afuera del salón donde era la reunión, la funcionaria salió blindada por su equipo de seguridad y policías federales, uno de ellos Jefe de la corporación federal en Tijuana, Javier Flores Armas. Sin mediar palabra con ningún reportero, siguió su camino y hasta que dio la puerta trasera del edificio, en donde reporteros se acercaron para pedirle una entrevista a la cual ella no respondió.
La reacción después de que periodistas la siguieran, fue una serie de empujones y maniobras que terminaron por lastimar a algunos reporteros. Además les cerraron la puerta cuando ellos intentaron salir del edificio. Le siguieron los reclamos y hasta una corretiza de los reporteros al escolta de la funcionaria federal, a quien no dejaron de grabar y fotografiar.
El incidente terminó sin una disculpa y la justificación por parte de Barboza Betancourt, quien terminó por hacer una pausa para hablar con la prensa y decir: Creo que fue en la situación en la que ustedes, como nos abordan, creo que es una cuestión que deben de entender como lo entendemos nosotros. Si eso fue lo que sucedió una disculpa.
Juan Manrique, director del portal de noticias Guardián Tijuana y uno de los reporteros que documentaron en video la agresión, dijo que recibió llamadas de empresarios locales que participaron en la reunión y algunos jefes policiacos de otras entidades, quienes le pidieron no publicar la información y eliminar las imágenes que grabó: “Al final lo que nosotros buscamos es únicamente conocer por qué la agresión, por qué el bloqueo para obtener información y por qué se negaron a dar sus nombres siendo funcionarios federales”.
Inmediatamente dos vídeos grabados por Juan Manrique, fueron difundidos a través de las redes sociales y en portales de noticias locales que se solidarizaron con los reporteros. Uno de ellos fue el periódico El Mexicano, empresa de uno de los reporteros agredidos, quien publicó en internet el incidente, sin embargo, un día después la empresa publicó en la portada del periódico una versión oficial de una entrevista con el director del medio y el jefe de la Policía Federal, identificado como uno de los agresores.
En el escrito se dejó de lado la agresión y se destacó el trabajo de la corporación en la entidad.
*Los reporteros lesionados, Said Betanzos del periódico El Mexicano y Carlos Zúñiga del portal de noticias, Agencia Fronteriza de Noticias (AFN) solicitaron apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), quien canalizó el asunto con la Comisión Nacional (CNDH), e interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).
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