Asociación de Periodistas Universitarios
Comunicado de prensa
Mexicali, B. C., diciembre 19 del 2013.-
La Asociación de Periodistas Universitarios (APU), integrada por reporteros de diversos medios de comunicación, exhorta al Congreso de Estado a derogar la Ley de Protección a Periodistas y no asignar recursos al Consejo que administraría el fondo en el ejercicio fiscal 2014.
En aras de implementarse un gobierno austero, como exhortó Francisco Vega de Lamadrid, Gobernador de Baja California, la Ley merece revaluación en temas de transparencia, rendición de cuentas.
Así como en la creación de protocolos de seguridad cuando los trabajadores de la comunicación vean su integridad física y la de sus familias en riesgo.
Asimismo, los integrantes de este organismo solicitamos atentamente al Gobernador rechazar la asignación de 6 millones de pesos al Fondo de Protección Social de Periodistas, el cual será manejado por un Consejo y cuyos recursos servirán para otorgar préstamos y servicios médicos privados a reporteros inscritos en una lista, en la cual se encuentran registrados funcionarios, empresarios y un exlegislador.
La asignación de recursos públicos, genera un espacio de riesgo en la libertad de los comunicadores para expresar sus críticas y la de sus fuentes hacia el ejercicio gubernamental.
En días recientes, Vega de Lamadrid expresó a un medio de comunicación estadounidense su respaldo a otorgar los apoyos necesarios para el ejercicio de los periodistas dentro de las posibilidades legales del Ejecutivo.
La mejor estrategia es invitar a los propietarios de los medios de comunicación a pagar salarios dignos y contratos apegados a las prestaciones de ley.
El Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, Antonio Valladolid Rodríguez, presentó ante el Congreso del Estado su proyecto de Ley de Ingresos para 2014, que incluye la solicitud de un préstamo superior a los 2 mil 800 millones de pesos.
Los cuales se sumarían a la deuda de 14 mil millones de pesos actual, con la finalidad de nivelar los libros contables del Poder Ejecutivo sin aumentar impuestos.
Para alcanzar el objetivo, propuso un gobierno austero, con recorte de gastos y un plan de retiro voluntario.
La ley del periodista contempla asignación de 6 millones de pesos, los cuales de omitirse al Consejo de Periodistas, podría permitirle al poder ejecutivo avanzar en la meta de austeridad y saneamiento financiero.
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